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POLÍTICA FISCAL AL SERVICIO DEL PLENO EMPLEO PRODUCTIVO

No hay que blanquear la evasión, sino la economía.


Resumen ejecutivo

La Política impositiva vigente en nuestro país, lejos de ser un puntal para el desarrollo, es uno de sus principales escollos, ya que obstaculiza el crecimiento y el pleno empleo. Veamos los siguientes ejemplos:

-El impuesto al cheque, destruye motores básicos del crecimiento, de toda economía moderna: la bancarización, el multiplicador bancario y la oferta de crédito abundante y a baja tasa nominal.
-Las retenciones a la exportación, en especial de los productos agrícolas, son impuestos distorsivos que castigan a los productores más eficientes. Decía Deng Xiaoping artífice de la transformación de China: “se azota más fuerte al buey que más se esfuerza en traccionar la carreta”. Por eso, nuestra propuesta es reducir las retenciones y que sus montos sean computados a cuenta del impuesto a las ganancias.

-El impuesto a las ganancias, tal como se aplica hoy en nuestro país, también es distorsivo ya que grava utilidades aparentes generadas por la inflación. Por ello, es urgente reimplantar el ajuste por inflación así como desgravar parcialmente la reinversión de la renta.

-La inflación agrava la presión tributaria sobre el salario. La fijación de las escalas salariales en una moneda virtual estable como la UCE que, en nuestro libro La Moneda Virtual, proponemos se implante en el país, implicará la corrección automática de este problema.

-Las jubilaciones y pensiones deben ser nominadas también en UCEs, con lo cual el ajuste por inflación es automático y no requiere pronunciamiento expreso del Gobierno.
La solución de corto plazo de la evasión fiscal y previsional es la bancarización inducida, que obligará a que todas las operaciones relevantes se hagan a través del sistema bancario bajo pena de nulidad del pago.

La solución de largo plazo es el desarrollo integral del país. Uno de los pilares fundamentales es la ampliación de la frontera agrícola y minera por la mayor accesibilidad al territorio en base a las nuevas vías de transporte terrestre y aéreo, cosa que requiere, entre otras cosas, de una política impositiva que facilite y atraiga las inversiones necesarias para alcanzar estas metas.

1.- Impuestos distorsivos, confiscatorios, contraproducentes, inequitativos y que generan altos costos de transacción

La política impositiva argentina lejos de ser un puntal para el desarrollo es uno de los principales escollos para el crecimiento y la generación de empleos. El desempleo genera una demanda social de subsidios que reclama creciente gasto público. Se ingresa así en un círculo vicioso: más gasto público improductivo, requiere más impuestos que se traducen en más desaliento a la inversión y correlativamente menos empleo productivo.

Por otra parte, impuestos abusivos generan evasión crónica que obliga a incrementar aún más las alícuotas de los que están en blanco. Periódicamente se realizan blanqueos que benefician a los evasores y frustran a los cumplidores. Hay que cambiar totalmente la política: en lugar de blanquear y premiar la evasión hay que blanquear la economía. No es sustentable una economía en la que el 34,5% de la población trabaja en negro (estadística del INDEC al 30 de junio de 2012)

2.- Impuesto a los créditos y débitos bancarios (ley 25.413)

Tenemos impuestos gravemente distorsivos como el impuesto al cheque que destruye motores básicos del crecimiento de toda economía moderna: la bancarización, el multiplicador bancario y la oferta de crédito abundante y barato. Nos hemos referido en extenso en el libro LA MONEDA VIRTUAL, parte tercera, capítulo segundo, al cual nos remitimos. Es necesario derogar la ley 25.413 de impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios tal como establece el proyecto de ley sobre bancarización inducida incluido en el mencionado trabajo.

3.- Impuesto a las ganancias

El impuesto a las Ganancias genera situaciones confiscatorias debido a que se paga sobre ganancias aparentes que son consecuencia de la inflación. Al no permitirse el ajuste por inflación se generan situaciones claramente confiscatorias que han dado lugar a reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema. El leading case Candy S.A.c/A.F.I.P. fue seguido por otros fallos coincidentes como Caruso Cía Argentina de Seguros c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza. C.867-XLV, Pettiti automotores S.A. c/ENA – AFIP s/acción declarativa de certeza y otros.

En estas causas, la Corte ratificó la validez constitucional de la prohibición de indexar, pero al propio tiempo estableció que si la alícuota efectiva a ingresar insume una sustancial porción de las rentas obtenidas que excede cualquier límite razonable de imposición, se configura un supuesto de confiscatoriedad y, en tal supuesto, corresponde declarar procedente para el caso resuelto la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación. En el caso Candy la alícuota llegaba al 55 por ciento de las utilidades ajustadas. Es decir, la prohibición a aplicar el ajuste por inflación tenía como consecuencia la confiscación de la renta.

Naturalmente, cada fallo se aplica exclusivamente al caso sometido a decisión. Cabe preguntarse cuántas situaciones iguales al caso Candy no llegan a los tribunales perjudicando a los ciudadanos con impuestos confiscatorios. Por otra parte, aún los que logran sentencias favorables soportan altos costos de transacción y demoras que pueden llegar a diez años para recuperar lo que les corresponde. Se congestiona el servicio de justicia con juicios innecesarios. Se ve claramente que la solución no pasa por el remedio judicial que reviste carácter excepcional, sino por un cambio legislativo que corrija el problema de raíz mediante el ajuste de los balances por inflación que se aplique en forma universal y automática sin forma alguna de tramitación. Así está previsto en el párrafo segundo del artículo 10 del proyecto de ley de creación de la moneda virtual UCE que establece:

Artículo 10.- El mínimo no imponible y las escalas progresivas del impuesto a las ganancias serán expresados en UCEs para garantizar su actualización automática. Los balances de las empresas serán ajustados por inflación a la paridad UCE.

En Estados Unidos desde 1985, el Consumer´s Price Index ha sido utilizado para ajustar la estructura del Impuesto federal a los ingresos (income tax) para evitar incrementos ficticios de las utilidades causados por la inflación.

El otro aspecto del impuesto a las ganancias es que una tasa elevada desalienta la inversión de capital y reduce la porción disponible para la reinversión. La reinversión de la renta es una de las fuentes principales de generación de nuevas inversiones. Si se aplica una tasa del 35 por ciento como es la tasa argentina, lo máximo que puede reinvertirse es $ 65 por cada $ 100 de utilidad. Eso aún en la hipótesis de que el capitalista quiera reinvertir la totalidad de la renta y no efectuar retiro alguno de dividendos.

En el siglo XIX el crecimiento acelerado del capital en Estados Unidos fue enormemente facilitado porque el income tax no existía y por lo tanto las empresas podían reinvertir íntegramente las utilidades. Recién fue creado en 1894 y la tasa máxima llegaba al 2 por ciento.

Fue declarado inconstitucional al año siguiente porque no se ajustaba al censo de población de cada Estado y recién tuvo vigencia efectiva 1913 a partir de la reforma de la Constitución por la 16ª enmienda que autorizó a cobrar impuesto a los ingresos que provengan de cualquier fuente, sin necesidad de ajustarse a un censo de población. En ese entonces la tasa máxima para los contribuyentes que percibían un ingreso de US$ 500.000.- anuales era del 7%. Bien distinto a la tasa de ganancias del 35 por ciento que hoy rige en nuestro país.

Argentina no tuvo impuesto a los réditos hasta 1932 y en el periodo anterior entre 1860 y 1932 la tasa de crecimiento y acumulación de capital fue muy rápida. Las elevadas tasas actuales inspiradas en países que ya han alcanzado un alto grado de desarrollo, resienten el desarrollo porque debilitan el proceso de acumulación de capitales. La función social del capital es la reinversión de la renta para asegurar un crecimiento permanente de las oportunidades de empleo. Este proceso evolutivo que se da espontáneamente en la economía capitalista se ve perturbado actualmente por la política fiscal que inhibe la reinversión.

Desde luego, es necesario compatibilizar las necesidades fiscales con el proceso de acumulación de capitales. Existe una solución simple basada en la experiencia chilena que, en nuestra opinión, contempla ambos aspectos. Desdoblar el pago del impuesto a las ganancias en dos tramos. En el primer tramo, las empresas pagan únicamente el 17 por ciento sobre utilidades reales. A partir de ese momento aparecen dos alternativas según el destino que los accionistas dispongan con relación a las utilidades: si se vuelcan como reinversión de la misma empresa el impuesto queda firme en 17 por ciento, y de este modo la empresa podrá reinvertir el 83 por ciento de las utilidades. Si en cambio, el dividendo es pagado a los accionistas -con lo cual cabe presumir que se convertirá en consumo personal- cada uno de ellos incorpora el ingreso a su declaración y paga el impuesto correspondiente según su propia escala deduciendo el tributo ya abonado por la sociedad anónima. Idéntico criterio se aplica para los dividendos girados al exterior. El sistema, además de estimular la reinversión, es más equitativo porque el pequeño ahorrista que tiene acciones en el mercado de capitales paga una tasa muy inferior a los grandes capitalistas.

En el sistema argentino el accionista cualquiera sea su nivel de ingresos paga la tasa máxima del 35 por ciento. El sistema argentino se torna regresivo, y por ende disuasivo, en perjuicio de los pequeños ahorristas.

El sistema chileno ha tenido buenos resultados. Conviene aclarar que no existe una causa única sino una batería de medidas y conductas sociales que incluye la creación de la UF, alto grado de bancarización, formalización de la economía subterránea, gobiernos respetuosos de las instituciones y baja corrupción. La mejora ha sido fruto de un proceso sostenido y coherente más que de un suceso excepcional como fue el caso de la ley de convertibilidad en nuestro país. Así Chile logró lo que se llama en los foros internacionales el “saving miracle” que en realidad, más que un milagro, es el resultado de una política consistente e integral. En el período 1971-1985 el PBI creció el 2 por ciento anual promedio, en tanto que en el período 1986-1997 lo hizo al 7,7 por ciento anual. Se logró canalizar el ahorro a la inversión reproductiva. El ahorro pasó del 9,6 por ciento al 20,8 por ciento anual y la inversión bruta del 16 por ciento al 24 por ciento.

El sistema que proponemos para nuestro país, es una tasa del 17 por ciento sobre los beneficios obtenidos por las empresas, que queda como tasa definitiva si la renta es reinvertida en la misma empresa. Los dividendos pagados a los accionistas se incorporan como renta gravada con la tasa que corresponda según la escala en que se encuentre cada contribuyente en particular, tomando el 17 por ciento como pago a cuenta. Vale decir que quien está en una escala del 35 por ciento deberá agregar el restante 18 por ciento.

Esta mecánica opera como una desgravación parcial y automática de todas las reinversiones que se realicen en las empresas, mientras los dividendos distribuidos quedan alcanzados con la tasa que el legislador ha fijado para cada categoría.

Esta política impositiva tiene tres efectos positivos:

• El ajuste por inflación elimina el efecto distorsivo de la inflación que hoy genera tasas de impuestos del 55 por ciento como declaró la Corte Suprema en el leading case Candy S.A.;
• reducen a la mitad el impuesto a las ganancias si las mismas se destinan a la reinversión;
• Vuelve más equitativo el impuesto al gravar de distinta manera a los pequeños ahorristas, promoviendo la formación de un mercado de capitales con base popular más amplia.

4.- Retenciones a las exportaciones

Las retenciones a las exportaciones, configuran impuestos distorsivos de la producción ya que castigan a los productores más eficientes. Como dice Deng Xiaoping, artífice y líder de la gran transformación de China: Se azota más fuerte al buey que más se esfuerza en traccionar la carreta. Las retenciones al agro alcanzaron cifras extraordinarias que en 2010 rozaron los $ 36.000 millones (10 % de la recaudación total del Estado). Es una cifra significativa si se la compara con el producido total del impuesto a las ganancias que alcanzó a $ 76.000 millones.

Por otro lado, es innegable que este impuesto tiene la ventaja de su retención en la fuente y su escasa evasión. Para contemplar equitativamente los intereses del fisco la solución sería reducir las alícuotas de las retenciones en forma sustantiva y darles el carácter de anticipos a cuenta del impuesto a las ganancias y otros impuestos nacionales.

La propuesta concreta es aplicar retenciones que no superen el 5 por ciento en el trigo y en el maíz y el 15 por ciento en la soja, siempre con carácter de anticipo de impuestos nacionales. De este modo se aligera la carga tributaria a las exportaciones que hoy resulta muy inconveniente, y se transita una etapa intermedia hasta la derogación total de las retenciones.

La reducción de estos impuestos deberá hacerse en forma gradual, para evitar un colapso presupuestario. A medida que la recaudación mejora, según se explica en el punto 6, las alícuotas se deben ir modificando con firmeza para volver más productiva la economía que implica el mejoramiento del salario real.

5.- Reducción de los costos de transacción

Toda la política económica debería estar inspirada en una permanente reducción de nuestros elevados costos de transacción, que constituyen una pérdida de riqueza que a nadie beneficia. Veamos algunos ejemplos concretos.

El sistema actual lleva a que todos los contribuyentes afectados por la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias se vean obligados a litigar, lo que implica un formidable costo de transacción fácilmente evitable.

Otro aspecto es la increíble complejidad que tienen las liquidaciones de impuestos cosa que exige la intervención de profesionales especializados con la consiguiente elevación de los costos de transacción. En la década del 80 se demostró que el costo de declarar el impuesto a las ganancias en el blanqueo era mayor a la recaudación que generaba. El contribuyente gastó más del doble de lo que recaudó el fisco para liquidar el impuesto.

En la gran reforma del income tax implantada en Estados Unidos en 1981, el presidente Reagan antes de firmar el decreto de promulgación exigió que le trajeran el formulario de liquidación que habrían de confeccionar en lo sucesivo 133 millones de norteamericanos. Lo encontró demasiado complicado y se negó a firmar el decreto de promulgación hasta que le trajeron un formulario que él pudiera llenar sin dificultad alguna. Esta actitud del gobernante, es la que posibilita que gran parte de los contribuyentes puedan liquidar directamente sus impuestos sin recurrir a los servicios de un especialista. Además, esta simplicidad facilita el control y es el mejor antídoto contra la elusión de impuestos que siempre se facilita en los repliegues de la complejidad artificial de las normas impositivas.

Otro elevado costo de transacción es el alta de un empleado para que trabaje en blanco. La complejidad del proceso es increíble, con lo cual se crean trabas artificiales para quienes desean estar en blanco. No es de sorprender que el 34,5% de los trabajadores esté en negro.

Otro costo de transacción inaudito es exigir a cada jubilado que haga un juicio individual para que le reajusten el haber. Esto provoca gastos innecesarios en detrimento del ya exiguo monto del haber, siendo habitual que además deba retribuir a su abogado con el 30 por ciento del recupero. Esto no debe sorprender, porque la ley 24.463 ha prohibido aplicar costas a la ANSES. La negativa a aplicar un ajuste automático obliga a medio millón de jubilados a embarcarse en un largo pleito para que se reconozca su derecho a algo tan simple como ajustar el haber de acuerdo al parámetro fijado por la Corte Suprema en fallo definitivo: el índice salarial según el caso Badaro.

La especulación maliciosa de ANSES en perjuicio de los jubilados es la siguiente:

Primero: muchos jubilados no iniciarán juicio y se conformarán con los ajustes periódicos decretados por el poder ejecutivo. De hecho, al 30 de abril de 2011 sólo el 8 por ciento de los jubilados había iniciado juicio contra ANSES;

Segundo: Muchos jubilados morirán antes de concluir la contienda judicial que requiere muchas veces una década.

Tercero: en otros casos el letrado se desalentará con las chicanas de ANSES y abandonará el reclamo.

Cuarto: el creciente proceso inflacionario irá carcomiendo el poder adquisitivo de la deuda acumulada.

La jurisprudencia de la Sala II de la Cámara de Previsión Social ha introducido una solución eficaz, por iniciativa del camarista Juez Dr. Luis Herrero, que consiste en acordar una medida cautelar autosatisfactiva al jubilado, obligando a Anses a pagar el haber reajustado mientras dure el juicio. De este modo, la demora no perjudica al jubilado. Este es consistente con el carácter alimentario de la prestación. Anses, disgustada por esta medida eficaz de defensa de los jubilados, ha comenzando una política de hostigamiento contra la Sala II, pidiendo el juicio político contra los camaristas Luis Herrero y Emilio Fernández, ambos de desempeño intachable.

Resulta inexplicable que el Poder Ejecutivo no aplique el reajuste automático, ya que cuenta con el superavit de ANSES, a lo que hay que agregar los recursos cuantiosos confiscados a los jubilados de las AFJP que ascendían originariamente a 30.000 millones de dólares.

6.- La verdadera solución: el blanqueo integral de la economía por medio de la bancarización inducida.

La verdadera solución del problema, tanto de la recaudación fiscal como del sistema previsional, pasa por el blanqueo del trabajo en negro, única forma de que el sistema de reparto pueda generar los recursos para atender las pasividades. Para ello el camino es la bancarización inducida que llevará en forma paulatina a un blanqueo total de la actividad económica y, desde luego, laboral.

Con excepción del impuesto al cheque, que debería ser eliminado de un plumazo, la reducción de los restantes impuestos deberá hacerse en forma gradual, a medida que la recaudación mejore por la concurrencia de los siguientes factores:
• El blanqueo de la economía. La bancarización inducida es el pilar fundamental del blanqueo de la economía. Actualmente el 34 % del trabajo está en el mercado informal. Más trabajo en blanco significa más recaudación de impuestos.
• El crecimiento de la economía por el estímulo al agro y por la generación de riqueza provocada por el programa de desarrollo. Hay que apurar el paso para llegar a las 150 millones de toneladas de granos.
• La reducción de los subsidios a medida que se logra el pleno empleo productivo.

• La refinanciación de la deuda pública con bonos indexados en UCEs a tasas de interés del orden del 5 % anual.

• El decrecimiento espontáneo de la burocracia por la aparición de fuentes de trabajo mejor retribuidas en el sector productivo de la economía.

• La mejora de la competitividad de la economía por la disminución de los costos de transacción.

• La ampliación de la frontera agrícola y minera por la mayor accesibilidad al territorio en base a las nuevas vías de transporte terrestre y aéreo.

 

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