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PÚBLICAS


SISTEMA PENITENCIARIO MODELO


Resumen Ejecutivo

La seguridad pública depende de una compleja cadena compuesta por cuatro eslabones: la policía que previene, investiga y detiene al sospechoso; el Fiscal que dirige la investigación y aporta pruebas para la acusación y la condena; el Juez que dicta sentencia imponiendo las penas previstas en el Código Penal y por último el Servicio Penitenciario que aloja a los condenados en las cárceles para cumplir con la pena y ayudarlos a reinsertarse en la sociedad mediante un proceso de rehabilitación basado en la cultura del trabajo. Para implementar este proceso, es imprescindible contar con cárceles modelo en las que los reclusos vivan dignamente y puedan emplear provechosamente su tiempo trabajando en tareas diversas.

El Servicio Penitenciario está en emergencia, tanto en cantidad como en calidad. Para combatir el delito y al propio tiempo cumplir con la garantía constitucional del artículo 18, es necesario construir cárceles modelo sanas y limpias para alojar 100.000 internos, que sumadas a las actuales debidamente readecuadas brindarán a los jueces la posibilidad de hacer cumplir sus sentencias.

Las condiciones de hacinamiento de las cárceles llevan a detener gente en comisarías que no están preparadas para esta delicada función. Los jueces se ven enfrentados a una disyuntiva inaceptable, por ejemplo frente al caso de delincuentes detenidos in fraganti: si ordenan su detención pueden ser acusados de tener reclusos en condiciones prohibidas por el artículo 18 de la C.N.; si los dejan libres son considerados débiles y promotores de “la puerta giratoria”. Las liberaciones inmediatas, desaniman a las fuerzas de seguridad que arriesgan su vida para proteger a la sociedad y frecuentemente sufren amenazas y represalias de estos delincuentes.

Los gobernantes, por su parte, generalmente optan por agregar más cámaras, más patrulleros y más policías, con fines preventivos. Esta política es insuficiente ya que el delito crece en cantidad y gravedad, fundamentalmente porque el Estado no está en condiciones de aislar físicamente a los delincuentes peligrosos por el crónico déficit carcelario.

En realidad, se está impulsando una verdadera política abolicionista disfrazada de garantista, pero que nada tiene que ver con el sagrado derecho constitucional del debido proceso, que ampara a todos los habitantes. Se ha instalado el concepto de que “el delito no debe ser reprimido”. La palabra “represión” se ha vuelto execrable y hoy, una de las peores acusaciones a las fuerzas del orden es que han “reprimido” el delito. La realidad es que el Código Penal utiliza el verbo “reprimir” en 190 oportunidades. La represión del delito no sólo es un derecho sino una obligación para las autoridades. El Juez Penal que no cumple con esta función básica, comete prevaricato, grave delito de acción pública tipificado en el art. 269 de dicho código.

El abolicionismo abre el camino hacia la impunidad delictiva y reduce la eficacia del sistema penal con lo cual se destruye una de las piedras angulares de la vida civilizada: el monopolio de la fuerza en manos del Estado y el ejercicio eficaz del imperio para mantener el orden público.

El abolicionismo aspira a eliminar la reincidencia, elemento esencial para graduar la pena, que establece la diferencia entre quienes delinquen ocasionalmente y quienes hacen del delito su profesión constituyéndose en una verdadera amenaza contra la seguridad de la población. En países que han logrado un estándar aceptable de seguridad, la reincidencia es un elemento central para la evaluación de la peligrosidad del imputado. Así, en California USA, la acumulación de tres condenas firmes por delitos no excarcelables determina la aplicación de la cadena perpetua.

Es preciso que la cadena de represión del delito funcione eficientemente. Los delincuentes peligrosos deben ser aislados físicamente para proteger a la sociedad. El sistema que hoy impera en la Argentina hace que los ciudadanos honestos deban resignarse a vivir presos detrás de las rejas de sus viviendas o comercios, cuando lo rigurosamente legal sería aislar a los delincuentes peligrosos para que el resto de la sociedad pueda vivir en libertad En este problema, como en tantos otros, podemos adoptar una actitud pasiva dejando cercenar la libertad de los ciudadanos honestos que ni siquiera pueden usar sin riesgos el espacio público, o bien asumir una actitud activa exigiendo, como lo ordena la ley, la represión de los delincuentes y su detención, en cárceles dignas, hasta que purguen sus condenas y sean rehabilitados.





1.-Sin imperium para exigir el acatamiento de la ley, no existe el Estado ni el Derecho


La creación de las figuras delictivas y la amenaza de imponer una pena al transgresor, es una actividad exclusiva del Estado: es la expresión de su máximo poder interno. Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Tomo I, pág. 37. Sin imperium para exigir el cumplimiento de la ley, no existe el Estado ni el Derecho.

Hoy, superada la etapa histórica del castigo corporal, el símbolo de la capacidad coactiva del estado es la cárcel, que constituye el último eslabón de la cadena de represión del delito. Esa cadena está compuesta por cuatro eslabones: el primero es la policía que previene, investiga y detiene al sospechoso. El segundo, es el Fiscal que dirige la investigación y aporta pruebas para la acusación y la condena. El tercero, es el Juez que dicta sentencia imponiendo las penas previstas en el Código Penal. El cuarto eslabón es el servicio penitenciario, que aloja a los condenados en la cárcel para el cumplimiento de la pena y para llevar a cabo el proceso de su reeducación para lo cual necesitamos cárceles modelo adonde se trabaje y se adquiera la cultura del trabajo.

Como en toda cadena, es importante que sus eslabones funcionen bien ya que el nivel de eficiencia del sistema se medirá siempre por el eslabón más débil. Es queja reiterada de la ciudadanía que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra, lo que implican una gran frustración social, en especial para el personal policial que arriesga su vida para detenerlos, como lo evidencian los casos que a diario se informan sobre la muerte de uniformados. Se culpa con frecuencia a los jueces por exceso de lenidad, pero no se tiene en cuenta que el hecho básico es que las cárceles están desbordadas por su superpoblación, y que el sistema carcelario está en colapso porque no hay adonde alojar a los detenidos.

Reiteramos que es indispensable contar con capacidad suficiente para alojar a los condenados en cárceles modelo: seguras, limpias y preparadas para promover su reinserción futura de en la sociedad.

2.- El caso de Estados Unidos

Tras la Presidencia de Carter (1981), se generó en Estados Unidos un movimiento para combatir eficazmente el delito, basado en la premisa de que todos los ciudadanos debían tener garantizados sus derechos humanos a no ser asesinados, asaltados o violados. Se advirtió entonces que para esto, ninguna política de seguridad sería exitosa si el Estado no proporcionaba capacidad carcelaria en exceso para detener a los delincuentes y asegurar que ningún delito pudiera quedar impune por esta razón, consecuencia de lo cual todos los estados se abocaron a la construcción de cárceles suficientes.

Tras años de desarrollar esta política, en 2009, con 308.245.000 habitantes, Estados Unidos tenía 2.297.400 personas encarceladas (7,45 por mil de la población total) y había conseguido una importante mejora en la seguridad ciudadana principalmente porque disponía de una infraestructura carcelaria con capacidad excedente. Es cierto que la legislación penal fue haciéndose extremadamente rigurosa: por ejemplo en California, manejar en estado de ebriedad es delito grave no excarcelable. Como la ley es pareja no hay protestas. Se destaca el caso de una famosa figura del jet set, Paris Hilton, que estuvo detenida por este delito. También son delitos graves no excarcelables pintar graffitis cuando el daño supera los 2.000 dólares e ingresar a una propiedad privada con escalamiento, aunque sea la habitual cerca de 30 cm. de alto de los jardines estadounidenses. Y lo más importante de destacar: cuando una misma persona registra tres condenas firmes por estos u otros delitos no excarcelables la pena es de prisión perpetua.

La severidad de esta legislación puede considerarse draconiana, pero, como dijimos, como consecuencia de la política integral adoptada, se logró alcanzar un muy buen clima de seguridad pública. El caso de mayor repercusión es el de Nueva York que, de haber sido una de las ciudades más inseguras del país, a partir de 1994, con la designación del alcalde Rudolph Giuliani, recuperó un estándar de orden público envidiable gracias, entre otras cosas, a su reconocida política de “tolerancia cero”.

3.- La situación en nuestro país

En nuestro país, la insuficiencia de cárceles hace que hoy se llegue al extremo de que el servicio penitenciario devuelva los condenados a los jueces por falta de capacidad de alojamiento.

Equipar el país con una infraestructura carcelaria modelo con capacidad suficiente, no implica renegar del celoso respeto al derecho constitucional de defensa en juicio. Como solía decir con acierto el ex-Fiscal de Cámara Dr. Norberto Quantín, la polémica entre garantistas y represores es absurda porque el sistema requiere de ambos: debemos ser garantistas en cuanto a asegurar el debido proceso y el sistema penal debe ser represivo porque cada artículo del Código Penal tiene la siguiente estructura básica: Será reprimido con pena de prisión o reclusión de ........años el que hiciere tal o cual cosa. De este modo la ley penal tipifica esa conducta como delictual. Cada uno de los artículos del Código Penal contiene la palabra “reprimido” lo cual indica que no es una ocurrencia circunstancial, sino ni más ni menos que la aplicación de la ley. Es inadmisible entonces que los funcionarios públicos no cumplan con la ley y queden incursos en delito por causa de una carencia que puede y debe resolverse construyendo cárceles.

El hacinamiento promiscuo que genera esta carencia, constituye además un factor de presión sobre los gobernantes quienes finalmente encuentran más fácil y más barato cambiar las leyes para dejar libres a los delincuentes.

4.- La política abolicionista

En nuestro país se viene impulsando una verdadera política abolicionista disfrazada de garantismo, que nada tiene que ver con el derecho constitucional al debido proceso que está plenamente vigente para todos los habitantes. Este abolicionismo, en cambio, abre el camino hacia la impunidad delictiva y reduce la eficacia del sistema penal, con lo cual se destruye una de las piedras angulares de la vida civilizada: el monopolio de la fuerza en manos del Estado y el ejercicio eficaz del imperio para mantener el orden público. Desde 1984 se adoptaron numerosas medidas legislativas que han puesto en crisis la seguridad pública con un alarmante incremento del número y agresividad de los delincuentes que hoy se ha convertido en el problema número uno de los argentinos.

*.- Se amplió excesivamente el régimen de excarcelación de los detenidos, aun de los acusados de varios delitos graves.

*.- Cuando transcurren dos años sin sentencia, la ley ordena la inmediata libertad del detenido aun por hechos de extrema gravedad.

*.- En las condenas de menos de tres años de prisión, el condenado puede ser exceptuado del cumplimiento hasta en dos oportunidades.

*.- Se debilitó en la práctica el agravamiento por reincidencia, que es un criterio universalmente aceptado. Recordemos que en California el condenado en firme por tres delitos no excarcelables, recibe cadena perpetua.

*.- Las penas de los condenados fue reducida: a los subversivos a la mitad y a los delincuentes comunes a un tercio.

*.- Numerosas figura penales recibieron disminución de penas, como lesiones, uso de armas de fuego, hurtos, robo con violencia en las personas, estafas, ocupación ilegal de inmuebles, etc.

*.- La ley del “dos por uno” si bien fue derogada, todavía se aplica en muchos casos por el principio de la ley más benigna

5.- El agravamiento de las penas no es, por si sola, una respuesta eficaz

Para que las penas sean eficaces en su rol disuasivo, lo esencial es que, en todos los casos, se cumplan. Sostenía Sebastián Soler que no interesa tanto la severidad de las penas como su cumplimiento efectivo. Cuando la criminalidad crece, la tendencia de los legisladores es incrementar aún más las penas sin preocuparse por mejorar la eficiencia del sistema represivo, que constituye el verdadero “enforcement” para que la ley sea respetada. La pena más draconiana carece de toda eficacia si el delincuente piensa que no la va a cumplir, que siempre encontrará un atajo para zafar o que aunque vaya a prisión tendrá “facilidades” para escaparse.

En nuestro país, por el pésimo funcionamiento de la cadena represiva, el sistema penal se ha convertido en una cuestión retórica. Las penas inferiores a tres años no se cumplen y en muchos casos tampoco las penas más graves.

Sería útil observar con detenimiento la experiencia del estado de California. Penas breves de cumplimiento efectivo para delitos menores con un severo agravamiento por reincidencia.

Otro aspecto fundamental es hacer que la política de prevención del delito establezca una clara división entre los delincuentes ocasionales y los profesionales. Como estos últimos constituyen, sin dudas, un mayor peligro para la sociedad, deberían tomarse en consideración las reincidencias como criterio de identificación de quienes han hecho del delito un medio de vida, una “profesión”.

Como hemos visto, éste es el criterio adoptado en California adonde tres condenas firmes por delitos no excarcelables se sancionan con cadena perpetua.

La política penal debería ser muy rigurosa con aquéllos delitos que tienen gran repercusión social, como los homicidios provocados por los conductores alcoholizados o drogados, hechos dolosos que merecen penas no excarcelables. En el caso de los primerizos, las penas podrían ser cortas pero de cumplimiento efectivo. Para un ciudadano normal, pasar unas pocas semanas en la cárcel es un castigo gravísimo y aleccionador. Naturalmente, si el infractor no corrige su conducta y tiene una recaída, el antecedente de la condena anterior deberá tenerse en cuenta para el agravamiento de la pena. Es natural que así sea porque la reiteración está marcando que la primera sanción no fue suficiente como disuasión y el responsable evidencia una negativa contumaz al respeto de la ley.

Salvando las distancias, el mismo problema se presenta en el caso de las infracciones municipales de tránsito. Se labran muchas actas, pero pocas se pagan efectivamente. La mayoría espera que el tiempo transcurra y sean borradas por la prescripción. Cuando es necesario pedir un comprobante de libre deuda, suele ser normal que la mayor parte de las infracciones estén prescriptas evidenciando que el enforcement no es operativo para estimular la seguridad en la circulación del tránsito. El número de víctimas entre muertos y heridos es considerable, lo que hace imperioso extremar una política de control y sanción orientada a lograr el pago efectivo de las multas y no solamente a seguir aumentando su monto. En Estados Unidos las penas de infracciones que no entrañan riesgo de daños a las personas (como el estacionamiento en lugares prohibidos) son más leves, pero se pagan religiosamente.

Naturalmente, para que el sistema sea socialmente aceptable las cárceles deben ser modelo, evitando por completo los vejámenes hoy habituales en nuestras prisiones.


6.- El delito deber ser reprimido porque así lo ordena el Código Penal

Como vimos en punto 4, la política abolicionista ha instalado, en la última década, el concepto de que “el delito no debe ser reprimido”. La palabra “represión” se ha vuelto una expresión execrable y la peor acusación que se puede hacer a las fuerzas del orden es que han “reprimido” un delito.

En nuestro Código Penal, sin embargo, la palabra “reprimir” o “será reprimido”, se repite 190 veces. La represión del delito es no sólo un derecho sino una obligación de las autoridades. El Juez Penal que no cumple con esta función básica queda incurso en un grave delito de acción pública denominado prevaricato que está tipificado en el art. 269 del C.P.
Para una mejor información hemos confeccionado en una tabla la nómina de veces en que la palabra “reprimir” aparece en nuestro Código Penal que rige desde 1921, hace casi un siglo.

EL CODIGO PENAL ORDENA “ REPRIMIR” EL DELITO EN 190 OPORTUNIDADES


7.- Un sistema penitenciario modelo con capacidad suficiente

Para combatir el delito y cumplir con la garantía constitucional del artículo 18, es necesario construir cárceles modelo, sanas y limpias, para alojar 100.000 internos. Sumadas a las instalaciones actuales debidamente reacondicionadas, posibilitarán que los jueces puedan exigir el cumplimiento efectivo de sus sentencias.

8.- El sistema actual ha fracasado

La lucha contra la delincuencia, tal como viene siendo encarada, es un fracaso y seguirá siéndolo si la política se reduce a seguir agregando cámaras de vigilancia y agentes de policía. Se necesitaría un policía para cada ciudadano, cosa absurda e imposible. La seguridad no se arregla con más policía, cosa que erróneamente propugnan algunos especialistas. Lo que sí es necesario es mejorar fuertemente la calidad de todo el sistema para que cuando se produce un delito grave, el responsable quede físicamente aislado y no pueda causar más daño a la sociedad. En resumen, lo lógico y justo es que los delincuentes estén entre rejas y no el resto de la sociedad como está ocurriendo de manera creciente.

Actualmente hay 150.000 vigiladores privados que cuestan 3.200 millones de dólares por año y superan en número a la Policía Federal y a la Bonaerense.

Estamos siguiendo un camino equivocado. El planteo debe ser otro. Estadísticamente el número mundial de delincuentes presos no supera el 7 por mil que tiene Estados Unidos. El resto o sea el 99,3 por ciento no requiere vigilancia, sino protección. La solución pasa por detectar a los delincuentes peligrosos y aislarlos físicamente en un sistema carcelario modelo con capacidad suficiente, en el que puedan rehabilitarse trabajando y aprendiendo oficios o profesiones.






 

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